Estatuto Orgánico de Sinaloa de 1856, historia de México

Historia de Sinaloa México

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE SINALOA DE 1856

 

 

Por: F. Javier Gaxiola

 

El gobierno liberal recientemente establecido, principió a organizarse, y el 3 de enero expidió en Culiacán el Estatuto Orgánico de Sinaloa, en virtud de las facultades que le concedía el Plan de Ayutla reformado en Acapulco, para proveer a las exigencias políticas del estado, y de oponerse al Estatuto sancionado por el general Blanco a los principios proclamados en el sur, que eran los que se debían considerar como base para la reorganización de la República.

El Estatuto de 3 de enero declaraba soberano al estado de Sinaloa, reconociendo como base para la reforma política de la nación, de la que formaba parte, el Plan de Ayutla reformado en Acapulco; prometía arreglar la administración interior y cumplir y respetar las leyes y disposiciones emanadas del gobierno del Gral. Álvarez; garantizaba la libertad individual y la propiedad de todos los habitantes del estado; proclamaba la más amplia libertad de la prensa, con las restricciones que después le marcó la Constitución de 1857, y garantizaba el derecho de reunión y petición. Imponía, por otra parte, el deber de respetar las leyes generales y particulares de Sinaloa, no sólo a los ciudadanos sino a todo el que pisara el territorio del estado, con exclusión de los extranjeros que pudieran ampararse con tratados internacionales o los que regían sobre vecindad en diferente estado; puso en vigor la Constitución de 1852 en lo relativo a los derechos y obligaciones del ciudadano, reformándola nada más en lo que se relacionaba con la rehabilitación, facultad que concedía al gobernador.

Además, el propio Estatuto, dividía el poder público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, depositando el primero en el C. Pomposo Verdugo por haber sido nombrado por el presidente interino, Gral. don Juan Álvarez y reconocido unánimemente por los pueblos de Sinaloa. Las faltas del gobernador Verdugo debían ser cubiertas por los miembros del Consejo de Estado según el orden de su elección. El Poder Legislativo estaría representado por el gobernador de acuerdo con el Consejo, que a su vez se formaría de cinco ciudadanos de los que se distinguieran por su probidad, patriotismo e ideas liberales. El Poder Judicial estaría a cargo de un tribunal supremo colegiado y de jueces inferiores. Los poderes Ejecutivo y Legislativo debían obrar libremente dentro del círculo de sus respectivas atribuciones legales, sin más reglas que las reconocidas por el Plan de Ayutla como base para la organización del país y las exigencias de la revolución, y se dedicarían, además, ambos poderes, a cubrir las siguientes atenciones: levantar la guardia nacional; proteger, fomentar, uniformar y hacer obligatoria para los sinaloenses la enseñanza primaria; codificar las leyes sobre administración de justicia, reglamentar el derecho de escribir por la prensa y los derechos de reunión y petición, expedir la ley electoral basada en los principios liberales y organizar la hacienda pública.

El Estatuto Organico señaló al estado la extensión territorial que tenia la Provincia de Sinaloa, y lo dividió en cuatro prefecturas, éstas en subprefecturas, y las subprefecturas en alcaldías y celadurías. Las leyes del estado quedaban vigentes en todo lo que no repugnaran con el espíritu democrático de la revolución; los impuestos que ya existían, formarían la hacienda pública, no pudiendo aumentarse, sino para cubrir el presupuesto de egresos y el contingente señalado a Sinaloa por el gobierno general.

El gobernador era responsable de sus actos ante la autoridad suprema de la nación, y tenía la facultad de proveer los empleos públicos; sin reconocer propiedad alguna sobre ellos. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, no podían ser removidos sin previa declaración de haber lugar a formación de causa, hecha por el gobernador, de acuerdo con el Consejo, y con lo que se relacionaba a la remoción de los jueces de 1a instancia, seguían rigiendo las leyes vigentes.

Tales son, en concisa síntesis, los principios contenidos en el Estatuto, que fue dado en Culiacán el 3 de enero de 1856, por el go¬bernador Verdugo y por el Consejo nombrado al efecto, que estaba compuesto de los ciudadanos, doctor Miguel Ramírez, Agustín Martínez de Castro, T. Murphy, Lic. Jesús Escudero y Lic. Eustaquio Buelna. El mismo día 3 fue sancionado y publicado por el Sr. Verdugo, autorizándolo como secretario interino del gobierno, el Lic. Manuel de la Herrán, mandándose, por último, que fuera jurado por los empleados públicos, para que pudieran continuar en el ejercicio de sus funciones.

Como se ve, dicho Estatuto es de poca importancia científica, pues se limita a conceder amplios poderes al gobernador del estado, para la reorganización política del mismo, y a proclamar, como base de esa reorganización, los principios democráticos. Pero preciso es convenir también, que las circunstancias exigían una carta política de esa índole, que si es verdad que peca por el desorden y la ligereza con que se formó, también lo es, que consagra los derechos más sagrados, derechos, que unidos a otros no menos sagrados ni menos importantes, debían ser muy pronto el pensamiento radical de la guerra de Reforma.

 

 

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