Las instituciones jurídico-sociales en Sinaloa del siglo XVI

Historia de Sinaloa México

 

 

LAS INSTITUCIONES JURÍDICO-SOCIALES EN SINALOA EN EL SIGLO XVI

 

 

Por: Antonio Nakayama

Los diversos núcleos indígenas que habitaron hasta la llegada. de los. españoles en lo que hoy es el territorio sinaloense, vivieron en un estado social bastante primitivo. Sabemos que Tahues y Totorames fueron los más avanzados en materias político-social, toda vez que los Señoríos de Culiacán y Chametla eran hereditarios, y que en ellos existía una especie de nobleza, y que por lo que respecta a Cahitas, Acaxee y Xiximes, sus sistemas políticos, eran muy rudimentarios, pues entre ellos no existía solidaridad étnica ni cultural, ni relaciones religiosas.

Los españoles trajeron consigo las instituciones jurídico-sociales que regían en España Al fundarse una villa se elegía un ayuntamiento, se nombraba un alcalde, y la existencia del nuevo poblado giraba alrededor de la institución municipal. Al consolidarse la conquista, la corona española creó un cuerpo colegiado llamado Audiencia, y después designó un virrey que al mismo tiempo era el presidente de la Audiencia. Las tierras sinaloenses conquistadas por Guzmán quedaron sometidas a la jurisdicción de la gobernación de Nueva Galicia, y cuando se integró una audiencia para esa región, quedaron bajo la de esa institución.

El sistema español en América se complementó con dos instituciones que fueron la encomienda y el repartimiento. A raíz de la conquista, Nuño Beltrán de Guzmán distribuyó encomiendas entre los soldados que le acompañaron. ya que era el único incentivo que podía hacer que se quedaran a poblar una región tan apartada de la altiplanicie. Una encomienda era un pueblo, o un grupo de pueblos nativos encomendados a un español a quien denominaba encomendero. cuyos deberes consistían en proteger a los habitantes, designar y mantener clérigos misioneros en los poblados y aportar ayuda en la defensa militar de la provincia. Tenía la obligación de residir en la provincia donde se ubicaban los que le habían sido encomendados, pero no podía vivir en ninguno de ellos.

Muchos pueblos no eran entregados en encomienda, sino que la corona se los reservaba. La encomienda estaba limitada a la duración de la vida del encomendero, y después de 1535 se autorizó para que pudiera pasar a un sucesor. Si éste era mujer, estaba obligada a casarse dentro del primer ano para que el esposo pudiera cumplir con las obligaciones de la defensa militar. La merced de la encomienda no implicaba cesión de la tierra o de jurisdicción, ya que el derecho inicial de encomendar indios estaba reservado a la corona, que lo delegó a los Adelantados y conquistadores.

El repartimiento, como su nombre lo indica, implicaba distribución, y consistía en que los indígenas proporcionaban una cierta cantidad de mano de obra para la ejecución de algunos trabajos, y los trabajadores eran designados por un juez pesquisidor. La palabra repartimiento es sinónimo de la voz peruana Mita y en la Nueva España también se le dio el nombre de Tanda. y de aquí el uso tan generalizado de ambas palabras en la actualidad, pues se dice mita y mita cuando se reparte algo por igual, v se denominan tandas a turnos de trabajo. o a las representaciones teatrales o de cinematógrafo que presentan el mismo programa en horas diferentes. Este sistema causó serios trastornos en las labores agrícolas de los indígenas, pues la demanda de brazos era incesante, y hay que recordar que las epidemias europeas y las brutalidades de la conquista terminaron con gran parte de la población nativa en las tierras sojuzgadas, y el envió de operarios a los centros de trabajo era una verdadera sangría para los poblados. La usanza del repartimiento se inició en el periodo en que el dominio español se constreñía a las islas del Caribe, antes de que la encomienda hubiera recibido una suerte de definición legal. En ese tiempo, un rudo y rápido método fue empleado para que los indígenas rindieran un tributo de trabajo en cultivos y construcciones en beneficio de la comunidad española, y más tarde, cuando la encomienda llegó a ser una institución reconocida y fue perdiendo su conexión con el trabajo forzado, el primitivo repartimiento de trabajo continuó existiendo y a su vez adquirió un cierto grado de definición legal. El repartimiento no fue estrictamente un tributo de trabajo, porque en Nueva España, por lo menos, los empresarios, fueran individuos o instituciones públicas, pagaban a los indios su salario diario de conformidad con una tarifa fijada por la ley.

En los primeros días de la conquista, y con anterioridad a la fundación de las audiencias. los poblados españoles eran casi repúblicas independientes. San Miguel de Culiacán estaba gobernado por un cabildo compuesto de seis regidores. que por lo general eran vecinos acaudalados. Estos cabildos fueron nombrados al principio por los conquistadores que fundaban los pueblos, y ejercían su encargo durante un año. Después, las subsecuentes designaciones variaron, ya que los regidores salientes podían elegir a los entrantes, o el gobernador de la provincia los nombraba cada año. Los regidores sesionaban bajo la presidencia del gobernador local y formaban el organismo director de cada municipalidad. No tenían responsabilidades;-eran virtualmente irremovibles, y sus deliberaciones se efectuaban en secreto. Tenían derecho de elegir anualmente dos alcaldes -sujetos a la confirmación del gobernador— pero estos funcionarios no podían ser electos de entre los miembros del cabildo, ya que eran la única salvaguardia que poseían los vecinos del poblado contra el poder de la oligarquía municipal. Los alcaldes, cuyo carácter era judicial, tenían jurisdicción para atender en primera instancia todos los asuntos civiles que se presentaban entre el vecindario de los poblados. Fuera de la villa o poblado donde el gobernador residía, el alcalde primero presidia las sesiones del cabildo.

Al frente de la provincia se encontraba un alcalde Mayor que era nombrado cada año y gozaba de un salario que iba de los 500 a los 600 pesos anuales, que se pagaban de los tributos de los indios de la provincia. Entre sus obligaciones estaban las de impartir justicia, preservar a los nativos de molestias, así cormo de protegerlos en la propiedad de la tierra. Se les prohibía sentenciar en los casos en que iban de por medio muertes y mutilaciones, y en los pleitos de los caciques indígenas.

El Corregimiento fue una de las instituciones jurídicas más importantes en España. El Corregidor, era una justicia real que ejercía en su distrito «jurisdicción alta y baja y mero y mixto imperio». En la gobernación de la Nueva Galicia, después de la fundación de la audiencia se establecieron corregimientos en algunos pueblos, pero sus corregidores servían meramente como gobernadores v jueces de primera instancia de aquellos grupos de poblados indígenas que no habían sido entregados en encomienda.

La primera alcaldía mayor que se estableció en Sinaloa fue la de Culiacán, seguida por la del Espíritu Santo, solamente que esta tuvo un pronto final. Después se creó la de Sinaloa, y con el transcurso del tiempo aparecieron las de Chametla, o San Sebastián, y finalmente la de Moloya. Ni Copala, ni Pánuco ni Charcas alcanzaron ser erigidas en alcaldías mayores, mucho menos Piaxtla y San Juan Bautista de Mazatlán, que dependieron siempre de Chametla.

Los nombramientos de alcaldes mayores, capitanes y gobernadores de la provincia llegaron a causar serios problemas de jurisdicción entre las autoridades que tenían -y las que pretendían tenerla- la prerrogativa. para hacerlos. En la Provincia de Culiacán no se presentaron dificultades de esa índole, va que allí, desde un principio, las autoridades fueron nombradas por el gobernador y la audiencia de Nueva Galicia. Donde sí las hubo fue en la provincia de Sinaloa. A partir del establecimiento del presidio de San Felipe y Santiago, la designación de capitán la efectuaba el virrey, pero la de Justicia Mayor, que iba implícita al anterior, la hacía el gobernador de Nueva Vizcaya, así que no tardaron las contradicciones por el otorgamiento de los cargos. En 1630, el presidente de la audiencia de Guadalajara advertía. que los gobernadores de Nueva Viscaya habían introducido y apropiado para sí los títulos y provisional de oficios de justicia que se proveían en las ciudades, villas y reales de minas que había en el dicho reino; y diez años más tarde, el gobernador de Nueva Vizcaya daba por sentado que a él correspondía exclusivamente el nombramiento de los ministros de justicia en toda la provincia. Por otra parte, el hecho de que los virreyes hicieran nombramientos de alcaldes mayores de Sinaloa, fue creando tensión en los gobernadores de la Vizcaya, ya que aquella provincia era parte de su gobernación. Más tarde, el rey mismo, con miras a percibir un beneficio pecuniario para el fisco a cambio de la merced, empezó a otorgar designaciones de alcaldes mayores y capitanes, y este paso vino a complicar el problema. En 1687 hizo el primero de esos nombramientos, siendo el beneficiado el capitán Manuel de Agramont y Arce, al que nombró capitán y gobernador del presidio de Sinaloa. Tras de este nombramiento vinieron los de Melchor Ruiz, para alcalde mayor de Sonora; Cristóbal Agramont y Arce, con igual cargo en Culiacán; el de don Francisco Cortés, como Justicia del Real del Rosario v el de don Jacinto Fuensaldaña para Sinaloa Aun en la provincia de Culiacán, donde como hemos visto las designaciones eran hechas por el gobernador y la audiencia de Nueva Galicia, proveyó su majestad la alcaldía de Culiacán en favor de don Domingo Oxea de Bóveda.

Ejemplo de las contradicciones surgidas de los nombramientos hechos por, las distintas autoridades, es el de la designación de don Diego Quiroz como capitán del presidio de Sinaloa, hecha por el virrey conde de Monclova, quien lo escogió de una terna presentada por el gobernador de Nueva Vizcaya, ya que el capitán Manuel de Agramont presentó el que le había sido expedido por el rey como gobernador y capitán de la provincia de Sinaloa. El virrey no dio pase al nombramiento de Agramont y dando largas al asunto envió a este como sargento mayor de Veracruz. La pugna duró cerca de tres años, en que fue resuelta por un nuevo mandato del rey.

La organización social había ido transformando lentamente la región, más no obstante esto, el atraso era muy grande todavía ya que los poblados españoles eran ínfimos en número, y la gran masa de la población, indígena no reducida. Las leves proteccionistas habían influido muy poco para que la vida de los nativos fuera más llevadera v estuviera a salvo de los abusos de los colonos, pues aquéllos continuaban siendo el sufrido rebaño que daba de comer a los blancos. Afortunadamente, el noroeste pronto sería testigo de una revolución social que cambiaría el panorama de los pueblos nativos, y de toda la provincia.

 

Tomado del libro: SINALOA, Un Bosquejo de su Historia, Nakayama A., Antonio, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, talleres de Impressart Editorial, Culiacán, Sinaloa, 1982.

 

Alcalde Mayor en la Nueva España
Alcalde Mayor en la Nueva España siglo XVI

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