Sinaloa, estado de la federación, historia de México

Sinaloa, estado de la federación
Alegoría de México, pintura de Jesús Hel

 

 

Historia de Sinaloa México

 

SINALOA, ESTADO DE LA FEDERACION

 

Por: Antonio Nakayama

 

El Estado de Sinaloa se integró a la federación con los Partidos de El Rosario, Concordia, Villa de la Unión, San Ignacio, Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte y Choix, señalándosele como capital la ciudad de Culiacán, donde el 13 de marzo de 1831 se instaló el Congreso Constituyente cuyos integrantes fueron: Br. Pbro. don Antonio Fernández Rojo, don Antonio de Iriarte, don Manuel María Álvarez de la Bandera, don Rafael de la Vega y Rábago, don Antonio Murúa, Lic. don Pedro Sánchez, don Paulino Peimbert, don José Esquerro, don Francisco Orrantia y Antelo, Lic. don Manuel de Urrea y don Pedro Guerrero en calidad de propietarios, y como suplentes los señores Lic. Tomas Gómez de la Herrán, don J. Felipe Gómez, don José María Paredes, don Rodrigo de Gorostiaga, don José Ignacio Félix, don Joaquín Favela, don José Somera, don José María Eseverri, don Francisco León, Br. Pbro. don José Francisco Rivera y don Ignacio Esnarola.

El Constituyente legisló sobre algunas materias de gran necesidad para la vida de la nueva entidad, y el 12 de diciembre del año de su instalación expidió la primera carta constitutiva del estado, la cual debía haberse jurado el siguiente día quince, pero por el mal tiempo que azotaba a la capital se pospuso la ceremonia. Esta constitución contenía preceptos muy interesantes, entre otros el artículo 10° que establecía que las manos muertas no podían adquirir bienes en el estado, y en este sentido se adelantó a la disposición federal de 1855 sobre desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas. Otro artículo de interés era el 108, que explícitamente decía que nadie podía ser detenido más de sesenta horas, pues pasado ese término sin darse auto de prisión, se le pondría inmediatamente en libertad. Asimismo, la constitución concedía la ciudadanía sinaloense a los nacidos en los países iberoamericanos después del año de 1810, y suspendía los derechos ciudadanos, entre otros motivos, por quiebra fraudulenta en los caudales públicos o de particulares, y por no saber leer y escribir, aunque esta disposición no habría de surtir efecto sino a partir del año de 1840, afectando solamente a los nacidos desde el ano de 1821. Entre las causas que originaban la pérdida de la ciudadanía sinaloense estaba la de vender el voto o comprar el ajeno en las juntas electorales. En el artículo 32 hacía la salvedad de que reintegrado el partido de Álamos, formaría un Distrito suprimiéndose el de la Villa de la Unión, y sería también cabecera de partido con la comprensión que la ley le asignara.

Con anterioridad a la expedición de la constitución, el congreso había votado el primer reglamento de justicia, y poco tiempo antes de concluir sus labores expidió las leyes orgánicas de hacienda y electoral: una ley sobre sirvientes, y un decreto por el cual los once distritos cambiarían sus nombres por los de otros tantos héroes nacionales, y en él también se incluyó la reserva respecto al recobro del partido de Álamos en los términos del artículo 32.

El Congreso Constituyente clausuró sus sesiones el 2 de marzo de 1832, y en junio siguiente se instaló la primera Asamblea Legislativa cuyo primer acto fue decretar la elección de los señores Antonio de Iriarte y Manuel María Álvarez de la Bandera como gobernador y vicegobernador constitucionales, respectivamente, pero el señor Iriarte no aceptó la gubernatura, por lo que fue llamado el señor Álvarez de la Bandera, tomando posesión el 20 de junio del mismo año.

Las esperanzas abrigadas por el pueblo sinaloense de que al constituirse en estado sería para su mejoramiento se fueron esfumando debido a la situación de la República, y a que las intrigas del grupo veguista para apoderarse del poder hicieron nulas las gestiones del gobierno local. En el mes de septiembre siguiente a la toma de posesión del vicegobernador, se registró el primer brote de rebelión en la capital del estado, que parece fue dominada rápidamente, aunque la administración dio muestras de debilidad al conceder amnistía a los militares y vecinos que se pronunciaron, y por ese mismo tiempo se presentó la epidemia del cólera morbus que por primera vez llegó a la entidad. Hay gran carencia de datos concretos sobre los daños que causó la enfermedad, pero sabemos que en Escuinapa se registraron 140 muertes del 11 de septiembre al 6 de noviembre; en Chametla, del 15 al 18 de los mismos meses se registraron 158 defunciones, y en Culiacán, cuya población era más numerosa, el azote debe haber sido más feroz, aunque no contamos con cifras sobre fallecimientos, ya que lo único que consta es que el gobierno solicitó del Vicario Capitular del obispado que los oficios religiosos se celebraran en el portal que estaba frente al templo parroquial por temor de que el pueblo se contagiara en el interior de este último.

El fallecimiento de don Francisco de Iriarte Conde, ocurrido en la ciudad de México el día 17 de septiembre conmovió al pueblo de la entidad, en la que había ganado una gran popularidad y respeto con su tesonera lucha por la erección del estado, y además, porque su desaparición dio un nuevo sesgo a la política regional, pues aunque no figurara como cabeza visible de un determinado grupo, su fuerza en la vida pública y su poder económico lo convertían en obstáculo para los apetitos de dominación de varios sectores. Iriarte, nacido en Cosalá de una familia de relevancia social, se convirtió en afortunado minero y entró de lleno en la vida pública cuando fue designado jefe político de la provincia de Sinaloa, cargo que desempeñó hasta la instalación del gobierno del Estado de Occidente en que se le nombró vicegobernador, y después ocupó el mismo cargo al ser elegido constitucionalmente. Sus ideas liberales le distinguieron entre sus contemporáneos, y su popularidad aumentó al enfrentarse en una lucha enconada y desigual contra las legislaturas de occidente para que se le reinstalara en el poder y para que Sinaloa fuese erigida en entidad federativa, y por todo esto, es merecedor de que se le declare Padre del Estado de Sinaloa.

En medio de tantas zozobras y malos augurios, las autoridades se daban tiempo para conceder mayor categoría a los viejos poblados, y el 16 de marzo de 1833 elevaron al rango de villa al pueblo de San Ignacio de Piaxtla, pero el malestar seguía creciendo y el derrocamiento del presidente don Anastasio Bustamante por don Antonio López de Santa Anna creó un grave problema debido a que la legislatura local no quiso reconocer el Plan de Zavaleta, pero obligada por la presión oficial a la postre tuvo que ceder y se declaró disuelta de acuerdo con el mencionado plan. El 10 de junio se instaló la nueva Asamblea Legislativa, pero como inició sus actividades fuera del tiempo señalado por la constitución, sus diputados declararon que el periodo concluiría hasta en diciembre de 1835 a fin de que se siguieran observando los lapsos constitucionales, lo que motivó que la Junta Municipal de Cosalá levantara un acta que la Asamblea declaró sediciosa, subversiva, y atentatoria contra el poder legislativo.

La gravedad de la situación hizo que el gobierno tomara decisiones absurdas, tales como el decreto Número 30 de diciembre de 1833 por el cual se cerraba la imprenta quedando abierta únicamente para el gobierno al que autorizaba para castigar a los habitantes que por medio de obras o papeles subversivos trastornaran el orden público sentenciándolos como a reos de lesa soberanía del estado, imponiéndoles penas que irían desde dos hasta seis años de prisión. Este delito de disolución social era aplicable a cualquiera que hallándose en el estado y se encontrara algún impreso ó manuscrito subversivo ó injurioso á los supremos poderes ó individuos que los componen no los rompiera y los enseñara a otra persona, y como la situación se hiciera mas caótica, el congreso local autorizó al gobernador para que terminara del modo que le pareciera más conveniente Las conmociones de algunos individuos de esta capital, que han alterado la tranquilidad pública de la misma.

Las amenazas de sedición que se palpaban en la capital del estado estallaron por fin el 26 de febrero de 1834 cuando las fuerzas gubernamentales fueron atacadas por las federales al mando del teniente coronel Carlos Cruz de Echeverria apoyado por el coronel José de Urrea, dando resultado la derrota de las primeras y la prisión del vicegobernador y otros altos funcionarios, y aunque no se tiene conocimiento del motivo legal que hubo para esa agresión, todo hace suponer que se hizo de acuerdo con el grupo veguista que estaba ansioso de poder. Las autoridades distritales eligieron un triunvirato integrado por don José Palao, don Agustín Martínez de Castro y el Lic. Tomas Gómez de la Herrán, y desde luego empezó a intentarse la suspensión de funciones del señor Álvarez de la Bandera, quien se fugo de la prisión para ir a refugiarse en los distritos del sur, habiéndose reunido en Cosalá con los miembros de la Asamblea Legislativa.

Para dar un viso de legalidad a su actuación, el triunvirato expidió una convocatoria para elegir nueva Asamblea Legislativa, que tuvo que suspenderse con motivo de la llegada a Cosalá de don Francisco Elorriaga, comisionado del gobierno federal que traía la misión de mediar en el asunto político, mas no se llegó a ningún acuerdo dada la intransigencia de las partes. Las elecciones se verificaron y la Asamblea se instaló con la designación de segunda al igual que la anterior, y su primer acto fue nombrar gobernador provisional a don José Antonio Jorganes, pero por no hallarse este señor en la capital se designó interinamente a don J. Felipe Gómez, quien ejerció el poder breve tiempo para entregarlo al nombrado por la Asamblea.

La actuación del señor Jorganes no fue muy tranquila que digamos. A finales del mes de agosto había en la entidad muchos signos de rebeldía, y en septiembre siguiente la Asamblea Legislativa se puso en contra de la política que en materia religiosa había seguido el vicepresidente en funciones Lic. Valentín Gómez Farías, pues adoptó un acta levantada en El Rosario el 26 de agosto anterior manifestando que la actitud del pueblo de aquella ciudad lejos de ser un movimiento revolucionario ni de perturbar el actual estado de cosas tendía al afianzamiento del sistema federal y a las autoridades del estado, y que como era necesario remover aun los más lejanos pretextos de los que apasionados de la anterior administración (de Gómez Farías) pudieran valerse para seducir y engañar a los incautos, decretaba adoptar la expresión del pueblo de El Rosario, y establecía que Las leyes sobre proscripción de personas: sobre reformas religiosas, tolerancia de sectas masónicas y todas las demás disposiciones que traspasan los límites de la constitución general eran contrarias a la voluntad del estado. Después, el congreso continuó con la revisión de los decretos expedidos por la Asamblea anterior desde el 17 de agosto de 1833 al 31 de diciembre del mismo año, derogando el expedido en la primera de esas fechas, que declaraba que el periodo legal del órgano legislativo terminaría el 31 de diciembre de 1835, así también como el de la imprenta y los votados en el ano de 1834.

El señor Jorganes acabó por renunciar, y en su lugar fue designado don José Blas de Guevara, quien renunció sin haber tornado posesión, nombrándose entonces a don Manuel María de la Vega y Rábago, quien se hizo cargo de la gubernatura el 22 de enero de 1835. La renuncia de don Manuel María Álvarez de la Bandera a su cargo de vicegobernador solucionó el aspecto legal del gobierno, y en cambio, merced a los buenos oficios del presidente Santa Anna y del comandante militar, general Ignacio Mora, se sobreselló el proceso que se le había formado. De esta manera llegaron al poder los De la Vega alcanzando la meta por la que estuvieron luchando tanto tiempo. Entre los actos llevados a efecto por el gobierno del señor Vega estuvo el del cambio del sistema fiscal que era el de alcabalas, substituyéndolo por el de la contribución directa, sistema por el que se venía luchando hacía mucho tiempo, pero la renuencia del comercio extranjero de Mazatlán, y los abusos de recaudación, impidieron que la reforma subsistiera y al fin fue abolida en 1843.

 

La etapa del centralismo

Casi un año después de que don Manuel de la Vega y Rábago se hizo cargo del gobierno se inició el gobierno centralista que habría de regir desde 1836 hasta 1846, y en este lapso los gobernadores desfilaron en forma continua ya que el cargo recaía en los comandantes militares, y algunas veces en los vocales de la Junta Departamental que fue la substitución de la legislatura, con la curiosa circunstancia de que mientras los comandantes residían en Mazatlán, la Junta tenía su asiento en Culiacán.

Al implantarse el régimen centralista, el gobierno general pensó en reformar la división territorial y creyó conveniente la reunión de Sinaloa y Sonora para formar de nuevo una sola entidad. El gobernador del departamento, licenciado Pedro Sánchez, citó al vecindario de Culiacán con el objeto de darle a conocer el proyecto y pulsar su opinión, y el 21 de abril de 1836 las personas convocadas se reunieron en la sala de gobierno donde el mandatario, tras de dar lectura a un comunicado que sobre el particular le había enviado don J. Felipe Gómez, representante del departamento ante el Congreso General, se retiró para dejar en libertad para deliberar a los allí reunidos. Se eligió un comité de debates que presidió el Br. Pbro. José de Jesús Espinoza de los Monteros, y después de encendidas discusiones se acordó por unanimidad que por ningún motivo se aceptaba que los dos Estados se unieran de nuevo, y que si el gobierno general insistía en llevar al cabo su idea, se prefería que Sinaloa se uniese a Durango y así podrán sacarse mayores ventajas. Al terminar la junta se levantó un acta para que fuese impresa y circulase en la entidad con el objeto de que los pueblos también dejaran oír su protesta contra el proyecto. El resultado de la junta fue lógico: estaba muy reciente el recuerdo de la lucha por la división del Estado Interno de Occidente, y los sinaloenses ya se habían acostumbrado a gobernarse por sí mismos. Afortunadamente, el gobierno no insistió en llevar al cabo la unión de las dos Entidades.

Hay gran carencia de datos acerca de la etapa centralista que no permite reconstruir la verdad de los hechos que se registraron durante ella, mas sin embargo procuraremos dar los más importantes de que se tienen noticias. El año de 1838, siendo gobernador del departamento don José Francisco de Orrantia y Antelo, se registró un levantamiento en pro del federalismo en el que la figura principal fue el general José de Urrea, que había sido nombrado por la legislatura de Sonora comandante general y protector. El 12 de enero de ese año se pronunció en Culiacán el coronel José María Cuevas, apoyado por el gobernador Orrantia, y al día siguiente se verificó en esa ciudad una junta en la que tomaron parte las autoridades, empleados y vecindario, y en ella se tomó la determinación de reconocer la constitución federal de 1824 como ley fundamental del país, y para el estado, la carta constitutiva de 1831. La junta fue presidida por el gobernador Orrantia, y en el acta respectiva que se publicó en forma de decreto el siguiente día 16, se reconocía a Urrea como protector y se ponían a su disposición los fondos del departamento. La única autoridad que se negó a reconocer la decisión tomada, fue el coronel Teófilo Romero, comandante general del estado, quien siempre fue un militar que se distinguió por su pundonor. Cuevas y Carrasco derrotaron en El Rosario a las fuerzas centralistas de don Lino Alcorta, y después, Cuevas tomó Cosalá de donde sacó más de $50 000.00 en barras de plata y joyas. Mientras tanto, Urrea salió de Sonora en dos barcos y se posesionó de Mazatlán, pero muy pronto se presentó ante el puerto el general Mariano Paredes de Arrillaga al frente de una gruesa columna, y desde luego exhortó a los rebeldes a que depusieran su actitud y se unieran a las fuerzas leales para combatir a los franceses que amenazaban a la República, pero como Urrea hizo caso omiso del llamamiento, Paredes tomó la plaza por asalto el día 6 de mayo, y después sus hombres recuperaron Cosalá. Urrea ocupó Culiacán, pero ante la proximidad de las fuerzas al mando del coronel Teófilo Romero, la evacuó y poco después fue derrotado por Alcorta en El Tablón, con lo que terminó el intento de restablecer el federalismo en el país.

El día 25 de mayo en que Urrea abandonó la ciudad de Culiacán, fueron repuestas las autoridades legítimas siendo designado gobernador don Luis Martínez de Vea, quien otorgó el juramento ante el coronel Romero, iniciando su gestión el mismo día. Sus primeros trabajos fueron reorganizar la administración y reinstalar a los empleados que no habían colaborado con los rebeldes, y expidió una circular que decía lo siguiente:

Por las comunicaciones que se han dado a luz por una malísima imprenta y son las que se adjuntan, se impondrá Ud. de que la Capital de este Departamento vuelve al sendero Constitucional demarcado por la Carta de 1836. El sumo mal que los revolucionarios han causado a nuestros conciudadanos es bien patente y bastaría expresar que el asesinato, el robo, el saqueo, el incendio y cuanto de torpe tiene una guerra de bárbaros, todo se ha agitado por los cobardes rebeldes para cimentar el terror en las pacíficas poblaciones que invadían y transitaban. No puede decirse más en colmo de iniquidad: sino que los sellos y útiles de Oficina, Imprenta, etc., todo lo destruyeron y este Gobierno sólo se ve rodeado de ayes y gemidos de madres y de viudas. Las poblaciones se dejan ver por los montes, escapando al golpe de los que traidoramente gritan Federación para robar.

Como siempre pasa, quedaron algunas gavillas al mando de don Ángel Miramón y Mariano Garfias, pero al final de cuentas dispersaron a su gente sin que hicieran resistencia a las fuerzas gubernamentales, y fueron a refugiarse en el mineral de Guadalupe y Calvo.

Durante la gestión del señor Luis Martínez de Vea, que parece actuó en los años de 1838 a 1840, se inauguró en Culiacán el Seminario Tridentino y Nacional de Sonora fundado por el obispo Lic. y Dr. don Lázaro de la Garza y Ballesteros. El colegio, que inició sus cursos el día 8 de octubre del primero de los años mencionados, fue el primer centro de altos estudios que se abrió en el noroccidente de México y alcanzó bastante fama por su docencia y organización. El señor Martínez de Vea tuvo un serio problema que fue provocado por el licenciado Gumersindo Laija, magistrado suplente del Tribunal de Justicia que fue llamado en propiedad por la salida de don José Palao. Al estallar la revolución acaudillada por el general Urrea, los magistrados Mariano Amezcua y José Loza huyeron de Culiacán, lo que Laija aprovechó para usurpar la presidencia del Tribunal, y ya desde ese puesto solicitó la remoción del gobernador Orrantia y Antelo y comenzó a perseguir a sus colegas magistrados. El gobernador Martínez de Vea lo confirmó en la presidencia, pero Laija quiso actuar como magistrado único oponiéndose a que Loza y Amezcua volvieran a sus cargos y envió una representación al congreso general acusando al gobernador, quien a su vez lo suspendió en sus funciones inculpándolo de haber mutilado las hojas de un expediente. Laija tomó el camino de la revuelta amotinando a varios pueblos, mas el gobierno tomó rápidas medidas y terminó con el movimiento obligando al ex magistrado a huir de la entidad.

Desde 1836 en que se implantó la República central con los estados en una federación, hasta 1846 en que terminó ese sistema de gobierno, desfilaron por Sinaloa trece gobernadores de los cuales seis fueron civiles, y el resto comandantes militares. Los civiles fueron los señores Lic. Pedro Sánchez, Francisco de Orrantia y Antelo, Luis Martínez de Vea, Agustín Martínez de Castro, Pomposo Verdugo y Rafael de la Vega y Rábago, y de ellos Martínez de Castro y Verdugo ocuparon el gobierno en su calidad de miembros de la Junta Departamental. Los gobernadores militares fueron: Generales Francisco Duque, Francisco Ponce de León, Juan J. Andrade y José Antonio Mozo; coronel José Ruiz de Tejada, y tenientes coroneles Juan Ignacio Brambila y Ángel Miramón. De ellos, el ultimo gobernó en virtud de un golpe militar, Andrade murió en el desempeño de su cargo, y Brambila se pronunció por el Plan de Guadalajara jefaturado por el general Mariano Paredes Arrillaga.

La etapa centralista se caracterizó por la serie de cuartelazos y asonadas que se registraron, siendo una de las más convulsas que vivió la entidad. En el tiempo comprendido de 1845 a 1847 tuvieron lugar varios pronunciamientos en Culiacán y Mazatlán, todos ellos encabezados por los comandantes militares que solamente buscaban saciar sus apetitos y ambiciones personales. Algunos de esos motines podrían tenerse como risibles de no ser los daños que causaron al país y al estado, como el registrado en Mazatlán el 5 de febrero de 1846, por el que la soldadesca reconoció como gobernador a Pomposo Verdugo, para que al día siguiente volviera a pronunciarse proclamado al teniente coronel Ángel Miramón.

El 22 de enero de 1846 tuvo lugar un pronunciamiento que proclamo gobernador al teniente coronel Ángel Miramón, y el prefecto de Culiacán don Mariano Díez Martínez redujo a prisión a don Rafael de la Vega y Rábago, que había solicitado una licencia para separarse del gobierno, y aunque fue puesto en libertad al día siguiente, tomó la decisión de ir a refugiarse en Tamazula, Durango, en unión de varios amigos y funcionarios que habían actuado en su administración, pero al recapacitar que habían abandonado sus puestos regresaron y se reunieron en un punto cercano a Culiacán donde levantaron un acta desconociendo a las autoridades emanadas de la revuelta, y desde ese tiempo, hasta agosto de 1846, se turnaron en la gubernatura del departamento el propio don Rafael, don Agustín Martínez de Castro y don Pomposo Verdugo, quien habiendo fungido en su carácter de 2° vocal de la Junta Departamental le entregó al señor Vega en el mes arriba dicho.

El pronunciamiento de San Luis Potosí encabezado por el general Paredes Arrillaga derrumbó al régimen centralista, y el suceso fue celebrado ruidosamente no sólo por los partidarios del federalismo, sino también por las autoridades que debían sus nombramientos al gobierno que caía. Sin embargo, aunque el cambio dio nuevo sesgo a la situación nacional, la condición política del estado continuó siendo confusa.

Restaurado ya el régimen federalista en el Estado de Sinaloa, la facción veguista tuvo conocimiento de que el licenciado Gumersindo Laija era el candidato más viable del gobierno federal para ocupar la gubernatura. Laija se encontraba residiendo en el estado, y en previsión de que realmente fuera nombrado, don Rafael de la Vega lo mandó desterrar de manera violenta habiendo sido conducido a Tepic por el prefecto de Culiacán José Tellaeche. El nombramiento en favor de don Gumersindo se hizo el 5 de septiembre y conforme al mismo ejercería el poder hasta que la nueva legislatura nombrara gobernador, pero la noticia de su designación y la convocatoria para las elecciones se conocieron en Sinaloa poco antes del día 27 del mismo mes, y el designado entró al estado hasta el 6 de octubre en que se presentó en El Rosario, desde donde se dirigió a las autoridades transcribiendo su nombramiento para tomar posesión.

Mientras tanto, los De la Vega habían hecho los preparativos para la elección de diputados, que se verificó el 2 de noviembre habiéndose integrado el congreso con una gran mayoría de personas adictas a don Rafael de la Vega, quien fue nombrado gobernador constitucional al instalarse la Asamblea el día 20 siguiente. Por su parte, el licenciado Laija se dirigió a Mazatlán con la mira de prestar su protesta de ley ante el ayuntamiento que se hallaba bien dispuesto para tomársela, mas el comandante militar coronel Rafael Téllez presionó al cabildo para que el acto no se verificase, pero no obstante, Laija declaró abolidos los decretos de Vega y todas las dispositivos que emanaran de las autoridades que él conceptuaba como ilegítimas, e hizo la proclamación de la nulidad de las elecciones para diputados.

El comandante militar coronel Téllez adoptó una actitud ambivalente en este conflicto, ya que en ocasiones reconocía a Laija, y a veces daba su respaldo a Vega. El Lic. Laija movía sus influencias en México para que de una vez se resolviera el problema en su favor, y por su parte, los De la Vega enviaron a la capital a don Pomposo Verdugo para que buscara el apoyo para don Rafael, hasta que al final la federación se declaró impotente para juzgar los actos de la Asamblea Legislativa, y el Ministerio de Relaciones hizo un ex-tratamiento a Laija por pretender nulificar la elección de los miembros de aquélla, y así terminó este episodio en el que don Rafael de la Vega, sin tener una base legal para actuar estabilizó la situación de su régimen, para seguir usufructuando el poderío político en la entidad.

La corbeta Veren, de la marina de guerra de los Estados Unidos de América se presentó ante Mazatlán el 27 de octubre de 1846, iniciando un bloqueo nominal, ya que parece que sólo fue un plan preconcebido por el alto mando militar norteamericano para atemorizar a la población, dado que no ejecutó ningún acto hostil y a los pocos días se hizo a la vela sin volver a presentarse en aguas mazatlecas. La presencia de esa nave fue un claro indicio de que pronto se presentaría el enemigo norteamericano a dominar militarmente la región, mas sin embargo de esto los militares que ocupaban Mazatlán antepusieron a sus deberes la satisfacción de sus apetitos. La designación del general Ventura Mora y Villamil como comandante militar de Sinaloa fue un duro golpe para el coronel Rafael Téllez, quien para nulificarlo inició un movimiento que pedía el regreso de Santa Anna, maniobrando de tal modo que Mora aceptó jefaturarlo. El cuartelazo estalló el 17 de enero de 1847, pero Santa Anna lo condenó con fingida indignación por lo que Mora fue destituido y Téllez pudo seguir dominando la situación militar.

Nuevamente la soldadesca que guarnecía Mazatlán formó otro escándalo el día 17 de marzo del año que arriba se dice, esta vez con motivo de la amnistía otorgada por el Congreso Nacional a los pronunciados en el motín encabezado por Mora Villamil, y Téllez, envalentonado con esto desconoció la autoridad del general Anastasio Bustamante, general en jefe de la División de Occidente, impidiéndole que entrara al estado con sus tropas, y con la debilidad mostrada por el Congreso al conceder un olvido absoluto para los delitos políticos cometidos desde 1821 a 1847, se sintió lo bastante fuerte para apoderarse del gobierno de la entidad, para lo cual declaró el estado de sitio el día 1° de junio pretendiendo asumir el mando político. El gobernador Vega resistió la pretensión de Téllez iniciándose una dura pugna entre ambos, y el comandante general recurrió a las armas enviando una fuerza a Culiacán. En el rancho de Las Flechas se enfrentaron el día 15 de septiembre los soldados federales y las tropas del gobierno del estado, resultando victoriosos los primeros debido a la traición de un oficial llamado José María Flores, y en la acción murió el general Teófilo Romero, 2° jefe de la División de Occidente. Con este triunfo y la ayuda de algunos políticos enemigos de la Vega, Téllez organizó una máscara-da de desconocimiento del gobernador y empezó a autonombrarse como tal, obligando a don Rafael a que se aprestase a luchar contra dos enemigos: los norteamericanos, y las tropas del propio comandante.

El resultado del combate alarmó a los habitantes de la capital del Estado que sabían cómo se manejaban los militares triunfadores con la masa de la población civil, aunque el golpe más duro fue para los adictos de los De la Vega. Las autoridades abandonaron la ciudad dirigiéndose hacia el norte para reunirse con el gobernador, quien por su parte fue reclutando gente en las poblaciones que tocaba a su paso hasta llegar a la villa de Sinaloa donde estableció su cuartel. Mientras tanto, los hombres de Téllez entraron a Culiacán dedicándose a un furioso saqueo, con especialidad en las casas de los familiares de don Rafael en donde encontraron almacenadas las mercancías que los miembros del grupo metían de contrabando.

El gobernador envió a Mocorito un piquete de soldados, aunque ignoramos por qué motivo, pero a juzgar por las tropelías que allí cometió la tropa, debe haber sido por venganza política, pues no se explica que un régimen urgido del respaldo público tolerara los abusos que se cometieron, y que deben haberle conquistado las antipatías de los habitantes. Lo anterior causó grave daño a don Rafael de la Vega que estaba urgido de mostrar al pueblo la justicia de su causa, máxime cuando necesitaba recobrar la capital del estado. Contaba con los elementos necesarios para intentarlo, pero no se atrevía a efectuar el movimiento necesario dado que su hermano don Francisco había sido tornado prisionero en el combate de Las Flechas y se encontraba preso en la ciudad. La suerte se puso de su parte y pudo fugarse para reunirse con su hermano, y la capital pudo ser recuperada mediante una estratagema que engañó al comandante José María Piña, quien creyendo que el gobernador se dirigía a Culiacán con numerosas fuerzas, pactó con él entregándole la plaza, y el día 17 de noviembre las tropas gobiernistas entraron triunfalmente en Culiacán.

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